La pesca ilegal de merluza común no es un fenómeno difuso ni cultural. Es un negocio identificable, medible y predecible. Persistirá mientras exista una arquitectura estatal que permita capturar, blanquear y comercializar producto ilegal con un riesgo asumible. Cualquier análisis que no parta de esa premisa está condenado a fallar.
Los datos son claros. La merluza común se encuentra en condición de sobreexplotación según los informes del Comité Científico Técnico. La biomasa desovante está muy por debajo de los niveles de referencia biológica. Esto no es una interpretación política ni un juicio moral. Es evidencia científica acumulada durante años. En ese contexto, cada tonelada extraída ilegalmente no es marginal: empuja al recurso hacia un punto de no retorno.
La pesca ilegal no se sostiene solo en el acto de captura. Se sostiene en una cadena completa. Primero, una extracción furtiva o fuera de regla. Segundo, una pérdida deliberada de trazabilidad. Tercero, un mercado dispuesto a comprar. Si alguno de esos eslabones se corta de forma persistente, el negocio colapsa. Si no se corta, se adapta.
Chile ha invertido en fiscalización y control. Los informes anuales de Sernapesca muestran miles de fiscalizaciones, controles carreteros, inspecciones en caletas y puntos de venta, e incautaciones relevantes, especialmente en periodos de alta demanda como Semana Santa. Eso demuestra capacidad operativa. Pero también revela el límite del enfoque episódico. El mercado opera todos los días; la fiscalización intensiva, no.
La experiencia internacional en pesca IUU es consistente. La FAO identifica tres variables críticas para reducirla de forma sostenida: control efectivo, trazabilidad robusta y desincentivo económico en el mercado. Cuando una de esas falla, la ilegalidad se desplaza, no desaparece. Cuando fallan las tres, se consolida.
El problema de fondo no es normativo. Chile cuenta con un marco legal amplio, sanciones relevantes y competencias claras. El problema es de arquitectura. Autoridad que no se percibe como inevitable. Decisiones intermitentes, concentradas en operativos visibles pero no persistentes. Cognición incompleta, que describe síntomas pero no modela flujos ilegales con métricas simples y públicas. Ejecución que responde a ciclos y contingencias, mientras el negocio ilegal se mueve por incentivos estables.
Hay avances relevantes. El propio Estado ha trabajado, con apoyo técnico internacional, en modelos de estimación de pesca ilegal para merluza común. Eso es clave, porque permite pasar del relato a la medición. Sin estimaciones de flujo ilegal, no hay forma seria de evaluar impacto ni de priorizar recursos. Sin indicadores públicos, no hay señal de inevitabilidad.
Una respuesta sólida exige metas verificables. Reducir la brecha entre desembarques autorizados y volúmenes comercializados. Priorizar fiscalización en nodos de primera venta y distribución, donde se captura el incentivo económico. Alinear toda la acción pública con el diagnóstico biológico del recurso, sin relativizar su condición de sobreexplotación. Publicar indicadores operativos simples y frecuentes: incautaciones, fallas de trazabilidad detectadas, sanciones efectivamente cobradas.
La pesca ilegal no es un problema abstracto ni una metáfora urbana. Es un sistema económico ilegal que responde a incentivos claros. Se reduce cuando el riesgo supera al beneficio, no cuando aumenta la retórica. La base técnica para hacerlo existe. Lo que falta no es indignación, sino decisión persistente y arquitectura de gobernanza coherente con los datos.
