Columna de Opinión:
Soberanía en el Estrecho de Magallanes: el veto que Chile no puede aceptar
Por Edmundo González Robles. Presidente de Liga Marítima de Chile
La reciente recalada en Punta Arenas del patrullero británico HMS "Medway" —en el muelle Arturo Prat, entre el 5 y el 8 de julio— ha gatillado una predecible, pero no por ello menos grave, sobreactuación diplomática por parte de la República Argentina. Tras el envío de una nota de protesta a Santiago, Buenos Aires acusa a Chile de apartarse de supuestos compromisos y de vulnerar la "neutralidad" del Estrecho de Magallanes. Esta reacción, empujada por el calor político de sectores trasandinos tras eventos deportivos recientes y la retórica de autoridades de Tierra del Fuego, confunde interesadamente el derecho internacional con sus propias urgencias de consumo interno. Chile no es, ni debe aceptar ser arrastrado como parte del diferendo bilateral anglo-argentino por las islas Falkland/Malvinas.
El argumento argentino tropieza de entrada con la realidad jurídica y cartográfica. El Estrecho de Magallanes es un paso interoceánico íntegramente chileno. Su estatuto, consagrado en el Tratado de Límites de 1881 y ratificado en el Tratado de Paz y Amistad (TPA) de 1984, prescribe una "neutralidad permanente" orientada exclusivamente a prohibir el uso de sus aguas a naciones beligerantes en el marco de un conflicto armado.
Dado que ni el Reino Unido ni Argentina se encuentran en estado de guerra, la categoría de beligerancia es inaplicable. Forzar dicha interpretación para impedir que un buque extranjero recale en un puerto nacional no solo carece de base legal, sino que violaría flagrantemente el principio de libre navegación para todas las banderas ratificado por la CONVEMAR.
Bajo la misma lógica distorsionada, si Chile tuviese que vetar el acceso a naves británicas bajo el pretexto de una supuesta neutralidad, se vería obligado por simetría a prohibir el tránsito y permanencia de las unidades de la Armada Argentina en el estrecho. Un absurdo jurídico de proporciones.
Detrás de las quejas bonaerenses por la falta de notificaciones militares previas en aguas que ellos consideran su mar territorial, se esconde una pretensión geopolítica peligrosa: la tesis de la "Boca Oriental corribereña". Al intentar fiscalizar o vetar el tráfico que se dirige hacia Magallanes, Argentina busca de forma oblicua validar una coadministración del estrecho. Aceptar este precedente desvirtuaría la histórica transacción estratégica de 1881, donde Chile renunció a sus derechos sobre la Patagonia Oriental a cambio del reconocimiento formal e inapelable de que el 100% del Estrecho de Magallanes es de soberanía chilena.
Por otra parte, la recalada del HMS "Medway" —unidad que reemplazó a principios de año al HMS "Forth" como patrullero en el Atlántico Sur— tuvo un propósito estrictamente logístico y rutinario de apoyo a la ciencia antártica a través del British Antarctic Survey. Durante su estadía, la tripulación interactuó de forma transparente con las autoridades navales chilenas e instalaciones de ASMAR (M). Pretender que Chile clausure sus puertos a misiones logísticas de potencias globales, con las que mantiene relaciones diplomáticas ininterrumpidas por más de dos siglos, es dispararse a los pies. Magallanes se ha consolidado como el verdadero hub logístico y científico hacia el continente blanco; ceder ante presiones vecinales dinamitaría esa reconocida proyección internacional.
Es imperativo reconocer que nuestra diplomacia pudo haber cometido errores en el pasado reciente, como la firma de declaraciones en el marco del Mercosur, al que nunca ha sido Estado Parte sino solo Asociado por la ALADI, o la postergación de respuestas firmes ante la presentación de la plataforma continental extendida argentina, que se sobreponen a la zona austral chilena. Estos titubeos han pavimentado el camino para que hoy se nos pretenda imponer un nuevo veto portuario dentro de nuestro propio territorio.
Ante escenarios que amenazan de forma disruptiva la conectividad comercial y el flujo binacional —vitales para el abastecimiento de la propia Tierra del Fuego argentina y el uso de puertos nacionales del norte, centro y sur por exportadores argentinos a través de sendos Corredores Bioceánicos—, Chile debe actuar con claridad doctrinal. No compartimos ninguna alianza anti argentina y valoramos mucho la buena vecindad, pero la soberanía no se negocia ni se somete a arbitrios ajenos. El resguardo de nuestro interés permanente en la Zona Austral exige una política de Estado firme, que trace una línea clara y meridiana: en los puertos, estrechos y canales chilenos, las decisiones se toman en el Palacio de la Moneda, no en la Casa Rosada.
Valparaíso, 18 julio de 2026
