Columna de Opinión:
BBNJ: honores, desafíos y deberes
Por Hugo Barra, director de Comunicaciones de Liga Marítima de Chile
Chile formalizó la postulación de Valparaíso para albergar la secretaría del Acuerdo del Tratado de la Alta Mar conocido como BBNJ (Biodiversity Beyond Nacional Jurisdiction), en marzo de 2023, en septiembre del mismo año firmó el Acuerdo del BBNJ y en febrero de 2024 lo ratificó.
En la Asamblea General de las Naciones Unidas, celebrada en septiembre de este año en Nueva York, el propio Presidente de la República, lideró las gestiones para obtener apoyos internacionales a la candidatura de Valparaíso. Al mes siguiente el canciller se reunió en Bruselas con el ministro de Asuntos Exteriores de Bélgica y en la reciente gira europea del presidente, la sede del BBNJ fue uno de los temas tratados con el presidente del gobierno español.
En concreto el esfuerzo chileno por obtener la sede del BBNJ ha sido consistente y percibido por la comunidad internacional como una política de estado, derivando según informaciones de prensa, en una declaración conjunta de Chile y Bélgica en el que ambas cancillerías anuncian unir sus candidaturas, en una propuesta conjunta que contempla instalar la sede en Valparaíso y distribuir algunas de sus funciones en Bruselas. Decisión que zanjarán las Naciones Unidas en enero próximo, durante la Primera Conferencia de las Partes (COP1).
La sola posibilidad representa una gran oportunidad para Chile. Si Valparaíso resultare elegida, el país recibiría el honor de ser el primer país latinoamericano en albergar una institución de carácter universal y alcance global, vinculada a las Naciones Unidas, reforzando adicionalmente la marca Chile como país marítimo, poniendo en valor su condición bioceánica y consolidando a Valparaíso como polo de gobernanza oceánica.
La Secretaría del BBNJ está concebida para trascender funciones puramente administrativas, deberá cumplir un activo rol operacional de distribución de la información y la coordinación con otros organismos internacionales que regulan los océanos. Su estructura organizacional contempla además, una Conferencia de las Partes (COP), una Secretaría, una órgano científico-técnico, comités especializados y un mecanismo de intercambio de información.
El país sede no tendrá control formal sobre estos órganos y deberá ejercer una diplomacia oceánica que contribuya a resguardar y garantizar la independencia, transparencia, neutralidad y el carácter internacional de la Secretaría. Aun así, su presencia en el territorio nacional ofrecería a Chile una mayor visibilidad diplomática, más capacidad de interlocución y un conocimiento directo del funcionamiento institucional.
Valparaíso y Bruselas no están solas en esta contienda. Enfrentan la candidatura de la ciudad portuaria de Xiamen - China, cuya propuesta contempla una amplia inversión inmobiliaria y apoyo financiero. Sin embargo el currículo medio ambiental chino y la disputas marítimas vigentes con países asiáticos, no agregan valor a su postulación.
Bruselas por su parte, cuenta con el peso diplomático que le otorgan su condición de país sede de la Unión Europea y su trayectoria internacional; y Chile posee atributos marítimos propios. Su condición geográfica esencial insular e histórica vocación marítima le confieren una posición singular: combina una extensa costa continental, un territorio tricontinental que genera jurisdicción bioceánica y una enorme Zona Económica Exclusiva - ZEE. Incluyendo los territorios y mares polinésicos de Rapa Nui, Salas y Gómez, lo que se complementa con su larga tradición de participación en la elaboración de las normas del Derecho del Mar.
Nuestro país cuenta también con una trayectoria relevante en conservación marina. Chile es el cuarto país del mundo con el mayor porcentaje de su ZEE – un 54% - bajo alguna forma de protección ambiental. Está también comprometido con la “Meta 30 x30”, acordada por cerca de 190 países durante la segunda parte de la 15ª Conferencia de las Partes (COP15) del Convenio sobre la Diversidad Biológica de las Naciones Unidas, celebrada en Montreal. Iniciativa que busca proteger al menos el 30 % de las tierras y los océanos del planeta para el 20230, salvaguardar los eco sistemas marinos y costeros, limitar la sobre explotación, evitar la contaminación, y detener la pérdida de biodiversidad.
Todos antecedentes que agregan valor y fortalecen la candidatura de Valparaíso para albergar la sede de la Secretaría ofreciendo al BBNJ un entorno excepcional para conectar la ciencia, el Derecho del Mar, la conservación de la biodiversidad marítima, la actividad naval y marítima, y la realidad del Pacífico Sur Oriental.
Pero ese eventual honor, también conlleva deberes. Valparaíso no solo deberá eventualmente ser un nodo de gobernanza marítima mundial, sino además, parecerlo. Debiendo consolidarse y asumir su papel de capital marítima de Chile y proyectarse como un polo internacional capaz de atraer conocimiento, cooperación y gobernanza oceánica, además de proveer una infraestructura e institucionalidad en los espacios cívicos llamados a acoger la secretaría.
Chile, a su vez, deberá ejercer una presencia activa y efectiva en los vastos espacios marítimos sobre los cuales dice tener diferentes grados de soberanía y responsabilidad. Debiendo incrementar la presencia de Rapa Nui y Salas y Gómez en la política oceánica nacional, reconociéndolos como puntos de proyección de Chile hacia el gran espacio oceánico del Pacífico, además de su condición de territorios insulares.
Los parques marinos, la extensa zona oceánica situada entre Sudamérica, Rapa Nui, Salas y Gómez, Polinesia y Asia comprenden vastos espacios de alta mar. La implementación del BBNJ permitirá debatir y regular asuntos como las rutas de navegación, las áreas marinas protegidas, la investigación científica y la explotación de recursos genéticos marinos, estableciendo además mecanismos para las evaluaciones de impacto ambiental, el intercambio de información, tecnologías y la creación de capacidades.
Desde la perspectiva de la Liga Marítima de Chile – LIGAMAR, la eventual llegada del BBNJ impulsaría protagonismo a los valores que la institución promueve desde hace más de un siglo y que recoge en su misión institucional: cultivar la conciencia marítima de los chilenos y promover y defender los Intereses Marítimos de Chile.
La designación de Valparaíso sería también, un broche oro para reconocer el aporte de LIGAMAR, una corporación marítima, chilena nacida en Valparaíso. En cuyas dependencias germinó hace ochenta años, en 1946, la idea de establecer una zona de 200 millas náuticas en donde el estado ribereño gozara de derechos soberanos para la exploración, explotación, conservación y administración de todos los recursos naturales vivos y no vivos, que se encuentran en el agua, en el lecho y en el subsuelo marino.
Esa figura del derecho marítimo, nacida en LIGAMAR y hoy reconocida en la comunidad internacional como Zona Económica Exclusiva (ZEE), fue incorporada formalmente en 1982 a la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar (CONVEMAR).
Lo claro es que definitivamente lo que ocurra en la alta mar del Pacífico tendrá, más temprano que tarde, consecuencias para los intereses marítimos nacionales e internacionales. Las corrientes marinas, las especies migratorias, las grandes masas de aguas contaminadas eventualmente por la creciente actividad humana, no respetan fronteras jurisdiccionales.
Por su parte las nuevas tecnologías como la inteligencia artificial pueden ayudar a analizar imágenes satelitales y huellas acústicas, detectar pesca ilegal, modelar rutas de especies y anticipar cambios en los ecosistemas, mejorando la vigilancia y las decisiones de conservación. Pero la IA no sustituye la observación científica ni el juicio público. La cuestión no es solo cómo proteger los intereses marítimos de la comunidad internacional, sino como convocar la cooperación internacional, la ciencia abierta y reglas que distribuyan equitativamente los beneficios del conocimiento marino.
En suma, una designación de Valparaíso como sede de la Secretaría del BBNJ sin duda sería un honor, pero adicionalmente involucrará a Chile en escenarios desafiantes, en el deber de invertir en recursos marítimos y navales, desarrollar capacidades científicas y tecnológicas propias, las que como un todo, conecten su política oceánica con la futura gobernanza chilena de la alta mar.
Valparaíso, 12 de noviembre de 2026
